Dieron de baja del Ejército a militares condenados por crímenes de lesa humanidad

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, ordenó «dar de baja de las filas del Ejército» a cuatro generales y 19 coroneles. Entre estos últimos están Miguel Ángel Fernández Gez y Carlos Alberto Ozaran, condenados por el asesinato de Graciela Fiochetti y desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz.

La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025 requerida por el ministerio público fiscal de la nación en octubre de 2024. En todos los casos se habían agotado las instancias de recursos de casación, extraordinarios y de queja, contra las sentencias condenatorias, en trámites tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal como finalmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución ministerial reconoce que el estado argentino tiene obligaciones internacionales en la materia y ante ello «la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho internacional».

Entre los militares dados de baja del ejército se encuentran un par que se desempeñaron en San Luis: Fernández Gez y Ozaran, condenados en 2015 a perpetua y a 20 años de prisión respectivamente por el asesinado de Graciela Fiochetti y desaparición de Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz.

La Inhabilitación absoluta había sido solicitada en los alegatos por la Fiscalía y las querellas y fue recibida por los jueces, y es lo que determina últimamente la baja del ejército, una vez que la sentencia queda firme.

El ministerio informó «desde 2005 a la actualidad se encuentran siendo juzgados, en el marco del debido proceso, quienes fueron identificados como autores mediatos y responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el período 1976 a 1983. Según el artículo 20 de la Ley Nº 19.101 para el Personal Militar, la pérdida del estado militar y la baja de las Fuerzas Armadas, se producen ante la existencia de sentencias condenatorias emanadas de tribunales comunes o federales a penas equivalentes a las que en el orden militar lleven como accesoria la destitución».

Más adelante refirió : «Que, en virtud de lo dispuesto en el Código Penal de la Nación, la inhabilitación absoluta, dispuesta como pena accesoria a la pena privativa de la libertad, importa la privación del empleo o cargo público. Que, de acuerdo a lo precedentemente desarrollado, resulta ajustado a derecho dictar la baja, como consecuencia de la pena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, impuesta por sentencia en el marco del juzgamiento por encontrarse responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad».

Entre las bajas está el General de División, Eduardo Rodolfo Cabanillas y de los de Brigada, Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.

A Gez y Ozaran se suman los coroneles Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.

Según el Ministerio, las bajas “no responden a una decisión unilateral” de la cartera, sino que es una orden del Poder Judicial de la Nación que, a su vez, fue notificada por el Ministerio Público Fiscal.